Análisis sobre cómo la Fiscalía presiona a exfuncionarios de menor rango para delatar a superiores mediante tortura psicológica y beneficios procesales frágiles.

El Criterio de Oportunidad como Arma de Coacción: La Trampa de la “Justicia Negociada”

En el complejo tablero de la persecución política en Campeche, hemos observado una estrategia recurrente por parte de la Fiscalía: la detención de exservidores públicos de menor rango con el único fin de convertirlos en herramientas de delación. Bajo la promesa de una libertad condicionada, se les presiona para que señalen a sus superiores, transformando un mecanismo legal en una táctica de extorsión institucional.

Esta práctica, lejos de buscar la verdad, genera un entorno de indefensión y peligro para todos los involucrados.

1. La Fabricación de la Culpabilidad mediante la Presión

El proceso suele iniciar con detenciones arbitrarias, muchas veces basadas en engaños o faltas administrativas menores. Una vez en custodia, el exfuncionario enfrenta:

• Tortura Psicológica: Amenazas veladas contra su seguridad y la de su familia para forzar la firma de documentos o testimonios.
• Aislamiento y Desesperación: Incomunicación prolongada que busca quebrar la voluntad del individuo para que acepte cualquier “acuerdo” con tal de recuperar su libertad.
• Uso de Información Sensible: La fiscalía llega al extremo de utilizar expedientes clínicos de salud mental para presionar al imputado, vulnerando el secreto médico y la dignidad humana.

2. Los Peligros de una Inmunidad Frágil

Acogerse a un criterio de oportunidad no es una salvación, sino una condena de otro tipo. Quien acepta esta figura se enfrenta a riesgos críticos:

• Inmunidad de Facto e Impunidad: Se genera una parálisis deliberada de la justicia en otros delitos cometidos por el “colaborador”, lo que pervierte el sistema y violenta el derecho a la igualdad ante la ley.
• Represalias y Amenazas de Muerte: Al convertirse en un testigo experto para el Estado, el individuo queda expuesto a la violencia de terceros, muchas veces sin que la Fiscalía otorgue medidas de protección efectivas.
• La Revocabilidad del Beneficio: El Estado mantiene el control total. Si el testimonio deja de ser útil o el individuo intenta retractarse de una declaración forzada, el beneficio se retira, reactivando la persecución con mayor saña.

3. El Desgaste de la Verdad Jurídica

Cuando la justicia se “negocia” bajo coacción, la verdad es la primera víctima.

• Testimonios Hostiles: La fiscalía suele imputar superficialmente a ciertos actores solo para otorgarles el criterio de oportunidad y convertirlos en testigos hostiles contra el objetivo principal.
• Distracción ante la Ineficacia: Estas carpetas, muchas veces integradas con copias ilegibles o información falsa sobre domicilios, sirven para alimentar el show mediático y ocultar la falta de resultados reales en la administración pública.

4. Un Llamado a la Resistencia Técnica

Para los exservidores públicos que enfrentan este asedio, la respuesta debe ser la preparación y la documentación. No se debe permitir que la fiscalía utilice la libertad como moneda de cambio para fabricar falsas narrativas.

En www.pepeberzunza.mx, sostenemos que la justicia no puede ser el resultado de la extorsión. Defender el debido proceso de los mandos operativos es defender la integridad de todo el sistema de justicia. Acudir a instancias como Amnistía Internacional México y documentar cada abuso es la única vía para frenar esta maquinaria de persecución.