nálisis crítico de Pepe Berzunza sobre el uso político de la justicia en Campeche, la vulneración de la salud mental y los riesgos de ser una voz disidente.
En cualquier democracia que aspire a la madurez, el pensamiento crítico y la oposición política no son solo derechos; son los pilares que sostienen el equilibrio del poder. Sin embargo, en el Campeche actual, parece que disentir se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Cuando el aparato estatal —y específicamente las instituciones de procuración de justicia— comienza a cercar a quienes son percibidos como adversarios, lo que enfrentamos no es un proceso legal, sino una estrategia de asfixia institucional.
La Justicia Selectiva: Un Arma de Doble Filo
La procuración de justicia es el cimiento de la paz social, pero deja de serlo cuando se vuelve selectiva. Resulta alarmante observar una paradoja institucional: mientras las denuncias por agresiones graves y amenazas de muerte contra ciudadanos parecen quedar estancadas en el olvido administrativo, la maquinaria estatal despliega una celeridad inusitada para judicializar carpetas basadas en interpretaciones tendenciosas.
Esta disparidad no es casualidad. Es una señal de que la presunción de inocencia ha sido sustituida por el juicio mediático, buscando la muerte civil y política antes que la verdad jurídica.
La Salud Mental: Del Secreto Médico al Botín Político
Uno de los puntos más oscuros de esta dinámica es el asalto a la privacidad. La entrega ilegal de expedientes clínicos de instituciones de salud mental, protegidos por el secreto profesional, para ser utilizados como herramientas de presión en procesos penales, no es solo una falta de ética pública; es un delito penal y una violación flagrante a la NOM-004-SSA3-2012.
Utilizar la vulnerabilidad emocional de un ciudadano —quien además ha alertado formalmente sobre riesgos a su integridad sin recibir protección— es una táctica de doble victimización. Cuando se vulnera la intimidad para quebrar la resistencia de un individuo, el mensaje es claro: en este entorno, la libertad personal y la seguridad jurídica dependen de la voluntad del poder en turno.
El Derecho a Vivir sin Temor
Hoy, alzar la voz implica enfrentar una maquinaria que parece diseñada para triturar derechos en nombre de la política. Nadie debería tener que elegir entre su silencio o su integridad. La justicia que se salta las reglas para castigar la disidencia deja de ser justicia para convertirse en una forma de persecución que pone en entredicho lo más básico: el derecho a la libertad y a la vida.
Defender el debido proceso en Campeche es defender el derecho de todos a vivir en un estado donde la ley sea un escudo para el ciudadano y no una espada para el gobernante. En www.pepeberzunza.mx, seguiremos denunciando estos atropellos, no por desafío, sino por la convicción de que la dignidad humana es innegociable.
