La experiencia de desarrollo económico en Campeche entre 2015 y 2021 constituye un caso especialmente ilustrativo del papel que las instituciones desempeñan en la construcción de capacidades productivas territoriales. Lejos de reducirse a una cuestión de diseño administrativo, la creación de un andamiaje institucional específico para la diversificación y el fortalecimiento del aparato productivo local responde a una comprensión más profunda del desarrollo como proceso estructural, acumulativo y, sobre todo, institucionalmente mediado. Esta visión se inscribe en una corriente contemporánea de pensamiento económico que conjuga elementos de la teoría institucional (Acemoglu y Robinson, 2012) con los aportes de la teoría de la complejidad económica (Hausmann y Hidalgo, 2014), cuyo objetivo último es explicar cómo las economías transitan hacia mayores niveles de sofisticación productiva a través de la acumulación distribuida de capacidades.
En el caso de Campeche, el diseño del Programa Marco para el Desarrollo Económico no se limitó a la formulación de estrategias sectoriales aisladas, sino que propuso, como eje articulador, la consolidación de un ecosistema institucional especializado. Este ecosistema fue concebido como un conjunto de organismos con funciones diferenciadas pero complementarias, capaces de atender los diversos nodos del sistema económico local. Así nacieron el Instituto Campechano del Emprendedor (ICEM), el Instituto para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (INDEMIPYME), PROCAMPECHE como agencia de promoción internacional, la Comisión de Mejora Regulatoria (COMERCAM), BANCAMPECHE como brazo financiero público, el INEFAAC en apoyo al sector artesanal, y la APICAM como gestor portuario estratégico. Este entramado institucional no fue producto de una lógica centralizadora, sino de una deliberada voluntad de generar mecanismos de inclusión económica, descentralización funcional y articulación territorial.
La lógica detrás de esta arquitectura se sustenta en la premisa de que los procesos de diversificación productiva requieren más que incentivos fiscales o programas de subsidio; necesitan plataformas institucionales que reduzcan los costos de transacción, aceleren los procesos de aprendizaje tecnológico, faciliten el acceso a redes de valor y promuevan entornos de confianza entre los agentes económicos. De acuerdo con Rodrik (2007), las instituciones son fundamentales no solo por su función reguladora, sino por su capacidad de generar certidumbre, fomentar la coordinación y canalizar recursos hacia actividades intensivas en conocimiento. En este sentido, cada una de las instituciones creadas en el marco del programa campechano cumplía una función estructural: el ICEM promovía la cultura emprendedora y el acceso a incubadoras; el INDEMIPYME estructuraba esquemas de asistencia técnica y diagnóstico empresarial; PROCAMPECHE facilitaba la internacionalización; la COMERCAM trabajaba en desregulación eficiente para eliminar barreras de entrada; mientras que BANCAMPECHE proveía instrumentos financieros adaptados a realidades locales, no cubiertas por la banca comercial.
El sustento empírico de esta estrategia institucional provino de diagnósticos elaborados en colaboración con el Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard y el CIDE, los cuales identificaron a Campeche como una de las entidades federativas con menor complejidad económica del país, altamente dependiente de la extracción petrolera y con una limitada base empresarial diversificada. Bajo este diagnóstico, la intervención pública no podía ser meramente compensatoria o asistencial, sino que debía tener un carácter transformacional. Es decir, actuar sobre las condiciones estructurales que limitaban la expansión de nuevas actividades productivas. Tal como señala la teoría de la complejidad, las capacidades productivas de un territorio no se desarrollan espontáneamente ni en el vacío: requieren interacciones, marcos institucionales, reglas del juego claras y sistemas de apoyo a la innovación.
Desde esta perspectiva, el caso de Campeche permite observar cómo una estrategia de desarrollo basada en instituciones puede catalizar un proceso de acumulación de capacidades. En particular, la especialización institucional permitió que se generaran sinergias entre programas de formación, acceso a mercados, simplificación administrativa y financiamiento productivo, dando lugar a un ecosistema más propicio para el surgimiento y consolidación de nuevas actividades económicas. El objetivo no era replicar los patrones de industrialización clásica, sino habilitar trayectorias más resilientes de desarrollo desde la escala territorial, vinculando actores públicos y privados en un horizonte de largo plazo.
La evidencia disponible sugiere que cuando este tipo de estructuras se sostienen en el tiempo y se perfeccionan, pueden contribuir significativamente al aumento de la complejidad económica regional. Por el contrario, cuando se desmontan o pierden prioridad política, los territorios suelen regresar a dinámicas extractivas, con bajos niveles de innovación, empleo informal y escasa capacidad de respuesta ante choques externos. Es por ello que el fortalecimiento institucional debe entenderse no como una medida administrativa, sino como una inversión estratégica en desarrollo. El diseño de instituciones inclusivas, adaptadas a los desafíos de cada contexto, es uno de los pilares para construir economías más equitativas, diversificadas y sostenibles.
En última instancia, el caso de Campeche demuestra que el desarrollo económico no puede pensarse al margen de las instituciones. La disponibilidad de recursos naturales o de financiamiento público no garantiza por sí sola la transición hacia economías más sofisticadas. Lo que marca la diferencia es la capacidad del Estado para construir plataformas institucionales que canalicen las capacidades dispersas de la sociedad hacia objetivos comunes. Esta es la verdadera esencia del desarrollo: transformar el potencial en posibilidad, y la posibilidad en progreso compartido.
